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Como se restringe la libertad de expresión a esfera mundial
Luisa Ch. Savage,  Mclean's, 23 de julio de 2008,

Una coalición de estados islámicos está utilizando las Naciones Unidas
para promulgar reglas internacionales contra la difamación




Asma Fatima, una  mujer con gafas de pequeña estatura, diplomática paquistaní en Washington, tomaba asiento, el pasado 18 de julio en el Capitol Hill, ante un salón de actos abarrotado que evaluaba cuidadosamente si el hombre que se sentaba a la izquierda en el panel merecía ser ingresado en prisión. El evento consistía en una mesa redonda convocada por algunos congresistas americanos a fin de sensibilizar a sus colegas sobre la libertad religiosa. El hombre en cuestión era el canadiense Ezra Levant que, en febrero de 2006, volvió a publicar las caricaturas danesas de Mahoma en su ahora desaparecida revista Western Standar, de lo que se ha derivado, entre otras cosas, un par de denuncias por "discriminación" ante la Alberta Human Rights Commission. Una de las denuncias fue retirada, pero la otra subsiste. Si es estimada, Levant podría enfrentarse a una fuerte multa, un apercibimiento de por vida de no volver a hablar  con desprecio del "Islam radical", y a verse forzado a presentar excusas. Si no acepta esos apercibimientos, Levant podría ser enviado a prisión por desobediencia al Tribunal.

Fátima intentaba encontrar las palabras correctas para explicar la profundidad de los sentimientos en liza. "La cuestión de las caricaturas ha herido muy mucho a los musulmanes en todo el mundo", decía aquella a un auditorio integrado por congresistas y por defensores de los derechos humanos, entre los cuales había también dos monjes budistas con túnicas de vivos colores: "hay ciertas cosas que no se deben decir". En última instancia, sin embargo, Fátima concluía que un periodista  debería, según sus propias palabras, "verse libre de acusaciones". Su gobierno no ha sido tan generoso.

Pakistán y otras naciones reagrupadas en el seno de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) han emprendido una campaña de considerable éxito en la Naciones Unidas con el fin de consagrar en derecho internacional la prohibición de la "difamación de las religiones", en particular del Islam. Su objetivo es permitir a los gobiernos de todo el mundo sancionar a cualquier persona que lleve a cabo el "acto odioso" de difamar el Islam. Los críticos dicen que se trata de un intento de internacionalizar las leyes contra la blasfemia que existen en ciertos países musulmanes, habiendo conseguido ya la OCI  coartar un debate abierto en el seno de instancias internacionales sobre cuestiones tales como las mutilaciones genitales femeninas, los crímenes de honor y los derechos de los homosexuales.

La campaña proporciona un nuevo escenario mundial para analizar las tribulaciones de Ezra Levant y otras tentativas recientes de censurar o sancionar a comentaristas canadienses, directores de publicaciones o caricaturistas. Maclean's ha sido objeto de denuncias de violación de los derechos humanos  por la publicación, en su edición de octubre de 2006, de un extracto del libro de Mark Steyn que, según los denunciantes "expone a los musulmanes canadienses al odio y al menosprecio". David Harris, un antiguo  jefe de planificación estratégica del Servicio Canadiense de Información y Seguridad, ha sido perseguido por las observaciones que realizó en el canal de radio CFRA de Ottawa  vinculando a un grupo islamista canadiense con una organización americana controvertida. En mayo, una organización islámica de Nueva Escocia presentó una denuncia ante la policía de Halifax y ante la comisión de derechos de la persona de la provincia, contra el Halifax Chronicle-Herald por una caricatura que, según aquella, constituía un crimen motivado por el odio.

Pakistán presentó la primera resolución sobre la "difamación de las religiones" en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en 1999, antes de los atentados del 11 de septiembre y de la fuerte reacción contra los musulmanes que siguió a aquellos. Esta primera resolución se titulaba "Difamación del Islam". Este título fue posteriormente modificado para incluir a todas las religiones, pese a que los textos de todas las resoluciones ulteriores hayan continuado poniendo el énfasis sobre el Islam. Tras ello, el Consejo de los derechos humanos de la ONU ha continuado adoptando resoluciones cada año. En 2005, el delegado del Yemen presentó una resolución similar en la Asamblea general de las Naciones Unidas, que fue adoptada por una amplia mayoría de votos.

En marzo, las naciones islámicas han conseguido que se adopte una modificación del mandato del ponente especial de la ONU sobre la libertad de expresión -un funcionario que recorre el mundo para hacer averiguaciones y realizar informes sobre la censura y las violaciones de la libertad de expresión-. A partir de ahora aquel deberá "realizar informes sobre los casos en que el abuso del derecho a  la libertad de expresión constituya un acto de discriminación racial o religiosa". La cuestión debería ser el objeto central de la Conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre el racismo que tendrá lugar el año próximo en Ginebra (una conferencia que Canadá tiene intención de boicotear, después de que la conferencia de 2001 en Durban degenerara en agrios intercambios dialécticos sobre Israel).

Esta tendencia inquieta a los defensores de los derechos humanos por numerosas razones, comenzando por el lenguaje utilizado. Si la noción de "difamación de la religión" parece poco usual es porque dista bastante de lo que tradicionalmente se entiende por difamación. Tradicionalmente, las leyes sobre la difamación han buscado proteger a los individuos del perjuicio real que pudiera derivarse para ellos de la difusión de falsedades. Pero la "difamación de las religiones"  no tiene por objeto defender a los creyentes contra un ataque a su reputación causado por declaraciones falsas sino que busca más bien proteger a una religión, o a una determinada interpretación de ésta, o los sentimientos de sus adeptos. Si un medio de defensa clásico en un proceso por difamación consiste en alegar que el acusado no hacía más que decir la verdad, las religiones, por definición, pretenden todas ellas detentar la verdad, y la verdad religiosa de una persona se convierte fácilmente en la apostasía de otra. La  "verdad" como medio de defensa no es admisible en tales casos. Lo que cuenta es la percepción subjetiva de lo que se considera insulto, y es ello lo que sitúa el enfoque de  la cuestión en su conjunto sobre una trayectoria que colisiona con el régimen de los derechos humanos, especialmente en los países en que existe una religión oficial.

"La islamofobia es un problema. Pero esta solución no es práctica, y desestabiliza el desarrollo de los derechos humanos", declara Angela Wu, directora de derecho internacional del Fonds Becket para la libertad religiosa, una firma de abogados de interés público con sede en Washington que está consagrada a la libre expresión de todas las tradiciones religiosas.
La Sra. Wu manifestó en la reunión de información del Congreso que  "la difamación de las religiones protege más a las ideas que a los individuos, y hace del Estado el árbitro de la verdad. Este enfoque impone al Estado el separar las ideologías buenas de las perversas". Haciendo esto, dice aquella, "se ataca a los propios fundamentos de la tradición de los derechos humanos al proteger a las ideas más que a las personas que las sostienen".

En su memoria escrita, Wu declara que las resoluciones  se proponen imitar a las leyes contra la blasfemia que existen en países como Pakistán. Las resoluciones de la ONU "funcionan como leyes internacionales contra la blasfemia y proporcionan el marco jurídico internacional para la adopción de leyes nacionales contra la blasfemia que, en la práctica, refuerzan el poder de la mayoría dirigente con contra las minorías vulnerables y los disidentes".

El código penal de Pakistán comprende un artículo que establece lo siguiente: "todo aquel que desprecie al Islam o a sus profetas será condenado a la pena de muerte"; "todo aquel que mancille, dañe o profane el Corán será condenado a prisión a perpetuidad" y "todo aquel que insulte los sentimientos religiosos de otra persona será condenado a diez años de prisión".

Un informe del Departamento de Estado americano, del año 2006, declara que estas leyes antiblasfemia "son a menudo utilizadas para intimidar a los reformadores musulmanes, los opositores de otras sectas, y a las minorías religiosas, o para ajustar cuentas en asuntos personales".

Según Amnistía Internacional, a Yunis Masih, de religión cristiana, se le ha condenado a muerte por unas supuestas declaraciones desagradables sobre Mahoma. En Egipto, un profesor de la Universidad de El Cairo fue declarado "apóstata" en 1995 por haber enseñado a sus alumnos a leer de forma metafórica ciertas partes de El Corán, siendo condenado a divorciarse de su esposa musulmana.

En el Congreso se ha escuchado así mismo la exposición de Ziya Meral, un periodista e investigador turco que ha publicado recientemente un informe referido a las leyes sobre la apostasía  en Oriente Medio, en el que se documentan con datos espeluznantes las torturas, asesinatos y persecuciones no solo de cristianos y judíos sino de musulmanes de ciertos países que han osado cuestionar la concepción estatal del Islam. "Esto tiene tremendas implicaciones para millones de personas en todo el mundo", ha afirmado Meral en su intervención. Por su parte Wu recalcó que la mayoría de las víctimas de las leyes antiblasfemia son musulmanas.

Señala  además Ambeyi Ligabo, que la interpretación amplia de la difamación "está siendo utilizada, ahora más que nunca, por los gobiernos como medio para limitar la crítica y hacer callar a la disidencia. Por otro lado, como tienen reconocidos los tribunales regionales sobre derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión presta su cobertura no solo a las opiniones inofensivas o políticamente correctas sino también a las ideas que "colisionan, chocan y perturban".  La constante confrontación de ideas, por más controvertidas que sean, es un trampolín hacia la sociedad democrática dinámica". Ligabo añade que las restricciones a los discursos de odio se han establecido en los convenios internacionales para prevenir las guerras de propaganda y la incitación al odio por razones étnicas, raciales o religiosas. Pero "no han sido concebidas para proteger los sistemas de creencias contra toda crítica interna o externa."
Sin embargo, es eso exactamente lo que aquellas están a punto de conseguir. La campaña contra la "difamación de las religiones" puede ya vanagloriarse de haber producido un impacto. En el curso de un debate sobre derechos humanos en la ONU, en el mes de junio, dos ONG debían realizar una presentación conjunta de tres minutos describiendo la violencia generalizada contra las mujeres en los países musulmanes, comprendiendo dentro de ella los "crímenes de honor" y la mutilación genital femenina. En la alocución planificada, la ONG que intervenía solicitó hablar de la ausencia de una clara condena de estas prácticas por parte de los líderes religiosos islámicos, y estableció un vínculo entre la sharía y las lapidaciones de adúlteros y los matrimonios de niñas.
Aquella fue interrumpida en repetidas ocasiones por el representante de Egipto que tras haber leído una copia del contenido íntegro de la intervención, formuló una objeción. El representante declaró que "no habrá discusión sobre la sharía". El Islam, dijo aquel, "no será crucificado ante este Consejo". Según un informe detallado de la agencia de prensa Reuters, aquel solicitó al presidente del Consejo -un delegado rumano-  la prohibición de toda discusión que recaiga sobre la sharía pues ello equivaldría a "propagar el odio contra ciertos miembros de este Consejo". El rumano suspendió la sesión y dijo a las ONG que no mencionaran la sharía, según la agencia Reuters. Egipto, respaldado por Pakistán e Irán, mantuvo que cualquier referencia a la sharía en el seno del Consejo significaba "crucificar" a los estados islámicos.

Louise Arbour, antigua juez de la Corte Suprema, que desempeñó el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, acusó a estos países de imponer sus "tabúes" al Consejo. "Es muy preocupante contemplar las presiones y los tabúes, o los temas que se convierten en tabúes en el seno de los debates...ante un Consejo que debería ser...el guardián de la libertad de expresión", manifestó en el curso de una conferencia de prensa.

Ella misma ha llamado la atención sobre el hecho de que el trato a los homosexuales, que son perseguidos como criminales en ciertos países islámicos y algunos otros, es un tema"fundamental" en el debate sobre la discriminación sexual en el mundo. "Es difícil para mi aceptar que un Consejo que es el guardián de la legalidad impida la presentación de estudios serios o de discusiones sobre cuestiones ligadas a la evolución del concepto de no discriminación", dijo Arbour.
Arbour dejó su puesto en junio y no se encontraba disponible para hablar sobre el incidente, según manifestó su portavoz.

Susan Bunn Livigstone, antigua funcionaria del Departamento de Estado, especializada en cuestiones relativas a derechos humanos, tomó también la palabra en  18 de julio,  declarando que el planteamiento de la cuestión en la ONU era inquietante. "Quieren internacionalizar el concepto de blasfemia" dijo en la sesión del Congreso del pasado 18 de julio. Y añadió que "utilizan la noción de difamación para dirigir hacia otro lado la atención que pudiéramos prestar a un determinado país". "Abstracciones como los estados, las ideologías o las religiones son consideradas más importantes que los seres humanos. Es un fracaso moral".

El hecho de que se sigan adoptando resoluciones y de que los funcionarios de la ONU vigilen ahora su aplicación, podría contribuir a hacer de la noción de "difamación de las religiones" una norma jurídica internacional, declaró Livingston. Y  subraya que cuando el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya decide qué forma parte del derecho internacional consuetudinario, "no selecciona aquello que goza de la unanimidad de todos los países sino lo que cuenta con una adhesión general". "Es la razón por la que estas resoluciones son tan perturbadoras", dijo. "Y se vienen adoptando desde hace diez años".
La campaña contra la difamación se inscribe dentro de un programa más amplio cuyo objetivo es la remodelación del concepto de derechos humanos de acuerdo con la visión que tiene de él la Organización de la Conferencia Islámica. La OCI  agrupa a más de 50 estados musulmanes y promueve la solidaridad y la cooperación en los terrenos económico, social y político. La OCI fue fundada y es en gran parte financiada por Arabia Saudí, una monarquía regida por las más estrictas leyes religiosas donde las mujeres, las minorías sexuales y los homosexuales sufren diversas formas de discriminación y violación de los derechos humanos.

En marzo la OCI organizó una cumbre en Dakar, Senegal. Su comunicado final tiene 52 páginas y comprende una estrategia global sobre los derechos humanos en la que figura un plan para poner a los Estados islámicos a salvo de presiones de organizaciones y normas internacionales sobre derechos de la persona para que aquellos modifiquen sus prácticas más controvertidas.

La OCI expresó "su profunda preocupación ante la tentativa  de explotar los derechos humanos para desacreditar los principios y disposiciones de la sharía islámica e inmiscuirse en los asuntos de los Estados musulmanes. Aquella hace también una llamada a "abstenerse de utilizar la universalidad de los derechos humanos como pretexto para inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados atentando contra la soberanía nacional". Los Estados miembros han decidido así mismo cooperar "en el terreno de los derechos humanos, particularmente en las foros internacionales competentes, para hacer fracasar cualquier tentativa de utilizar los derechos humanos como herramienta de presión política sobre un Estado miembro".

La OCI apela también a un pacto internacional vinculante para proteger a las religiones contra la difamación. La organización "ha resaltado la necesidad de prevenir el abuso de la libertad de expresión y de la prensa para insultar el Islam y otras religiones divinas, e invitado a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para considerar a  todas las acciones, cualesquiera que sean, que difamen el Islam como acciones guiadas por el odio merecedoras de sanción". La OCI  ha expresado igualmente su firme apoyo a una iniciativa dirigida por el rey de Marruecos que llama a desarrollar una carta que defina "las normas y las reglas apropiadas" para el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, y "la obligación de respetar los símbolos religiosos y los valores sagrados del mismo modo que los valores y creencias espirituales". Los Estados trabajan en la elaboración de una carta de derechos humanos completamente islámica.

Ahora bien, si el objetivo es proteger a los musulmanes contra la discriminación  o la denuncia, las herramientas jurídicas existen ya. El pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos protege contra la discriminación religiosa. Aquel garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Protege igualmente contra la promoción del odio religioso que constituya una incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia.

Mientras tanto la campaña emprendida por los Estados musulmanes sigue ejerciendo presión. La última resolución presentada en marzo por Pakistán ante el Consejo de  Derechos Humanos señala con una profunda preocupación "la tendencia creciente en los últimos años de declaraciones que atacan a las religiones, en particular al Islam y a los musulmanes, en instancias sobre derechos humanos". La resolución apela a los Estados a "tomar medidas para prohibir la difusión" de las "ideas y análisis que tengan en el punto de mira a cualquier religión o a sus adeptos y constituyan una incitación al odio racial y religioso, a la hostilidad o a la violencia". Declara así mismo que la libertad de expresión debe estar "sujeta a restricciones, comprendiendo dentro de ellas las que sean necesarias para la seguridad nacional y el orden público, o la sanidad o la moral públicas.

Fátima, la diplomática paquistaní, aconsejó a los periodistas "evitar simplemente herir los sentimientos religiosos". Pero ¿los sentimientos religiosos de quién? De los que siguen la tradición religiosa que prohíbe pintar a Mahoma, o los de la que no la siguen? ¿Solo las caricaturas del profeta darían lugar a quejas legales, o también, por ejemplo la representación que hay del profeta  dentro del Tribunal Supremo de los EEUU, en un friso, junto con otros legisladores históricos? Según la memoria realizada por Becket Fund para el grupo de trabajo del Congreso "en virtud de las normas promovidas por las resoluciones contra la difamación de las religiones, cuando un musulmán manifiesta su convicción de que Jesús es un profeta, pero no la encarnación de Dios, tales consideraciones podrían también ser consideradas como difamación de acuerdo con las convicciones de numerosos creyentes".

Las leyes sobre la difamación religiosa que las resoluciones reclaman se apoyan sobre reacciones emocionales subjetivas y,  por tanto, es fácil abusar de ellas. "No queremos una jurisprudencia basada en los sentimientos heridos" manifestó Wu. Levant llama a la campaña una "yihad suave" -el intento de hacer progresar la ley islámica en el mundo, no mediante la violencia sino usando los instrumentos legales de Occidente. "Si un ejército desembarcara en nuestras costas diciendo suprimid la igualdad de derechos para las mujeres y la libertad de expresión, nos defenderíamos", dijo Levant a Maclean's tras su intervención, "pero cuando los que vienen son juristas y grupos de presión, no sabemos reaccionar".