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¿Debe impartirse la asignatura de religión islámica en un país democrático?
Los periódicos del 18 de octubre de 2006 se hacen eco de la noticia relacionada con la presentación del primer libro de religión islámica que se ha editado en España y que  ha sido financiado en su totalidad por la Fundación Pública Pluralismo y Convivencia, creada por el gobierno socialista en el año 2004.

Se trata de un libro pionero, pues es el primer manual de religión islámica de la UE, escrito en una lengua occidental y no en árabe, como es lo habitual.

Evidentemente al gobierno de Zapatero, muy en la línea con su alianza de civilizaciones, le parece una gran idea sufragar con dinero público la propagación del Islam, mientras que debe ser la menor de sus preocupaciones el plantearse hasta qué punto las enseñanzas que van a recibir esos menores musulmanes no resultarán un serio obstáculo para su integración en nuestra sociedad, debido a la flagrante contradicción de muchos de los preceptos coránicos con las normas fundamentales por las que esta se rige.

Este no es el caso de los ciudadanos suizos que han formado el llamado "Comité del 31 de julio" y que han elaborado el Manifiesto que, transcribimos a continuación.

Proyecto de moratoria sobre la religión islámica en Suiza
Manifiesto del 31 de julio
Segunda versión en elaboración:

Tomando como fundamento el propio análisis y decisión definitiva de la institución del Consejo de Europa capacitada para juzgar sobre los derechos del hombre, a saber, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, el cual nos recuerda en su auto de 31 de julio de 2001 que:

1) La democracia se presenta, pues, como el único modelo político tomado en consideración por el Convenio (Europeo de Derechos Humanos), y, por consiguiente, el único compatible con el mismo.

2) No  puede existir democracia en los casos en que la población de un estado, o una mayoría del mismo, renuncia  a sus poderes legislativo y judicial en beneficio de una entidad que no es responsable ante el pueblo que gobierna, ya sea esa entidad laica o religiosa.

3) Un proyecto político que no respeta una o algunas de las reglas de la democracia o que tiene como objetivo a la destrucción de estas o el cuestionamiento de los derechos y libertades que aquella reconoce, no puede invocar la protección del Convenio contra las sanciones impuestas por estos motivos.

4) La libertad de manifestar una religión puede ser limitada a fin de asegurar (…) la protección de los derechos del prójimo, o del orden y la seguridad públicos.

5) Resulta complicado declararse simultáneamente respetuoso de la democracia y los derechos del hombre y sostener un régimen fundado sobre la sharia.

6) A aquella le son ajenos principios tales como el pluralismo en la participación política o la evolución incesante de las libertades públicas.

7) Las referencias explícitas a la instauración de la sharia son difícilmente compatibles con los principios fundamentales de la democracia, tal como resultan del Convenio, entendido como un todo.

8) (La sharia tiende a suprimir) el papel del estado en su condición de garante de los derechos y libertades individuales y organizador imparcial de la práctica de las diversas convicciones y religiones en una sociedad democrática (puesto que aquella) obligaría a los individuos a obedecer, no a las reglas establecidas por el estado en el cumplimiento de las funciones antes citadas, sino a una serie de reglas de carácter estático impuestas por la religión en cuestión.

9) Ahora bien, el estado tiene la obligación positiva de asegurar a toda persona dependiente de su jurisdicción el beneficio pleno, y sin que sea admisible la previa renuncia a ellos, de los derechos y libertades garantizados por el Convenio.

10) (La) Sharía, como fiel reflejo de los dogmas y reglas divinas dictadas por la religión, presenta un carácter estable e invariable.

11) (Aquella es) la antítesis de la democracia, en la medida en que se funda sobre valores dogmáticos y representa lo contrario a la supremacía de la razón, de las concepciones de la libertad, de la independencia o de los ideales de la humanidad desarrollados a la luz de la ciencia.

12) Ciertos movimientos políticos basados en algún tipo de fundamentalismo religioso han sido capaces en el pasado de adueñarse del poder político, haciendo efectiva  la posibilidad de instaurar el modelo de sociedad al que aspiraban. (Sus posibilidades) de hacer efectivos (sus) proyectos políticos otorgan, sin ningún género de dudas, un carácter más tangible y más inmediato al peligro que representan esos proyectos para el orden público.

13) La prohibición (de un proyecto político islámico) puede razonablemente ser considerada como la respuesta a una "imperiosa necesidad social".

14) (El) estado concernido puede, de un modo razonable, impedir la realización de un proyecto de tal naturaleza, incompatible con las normas del Convenio, aun antes de que el mismo se lleve a cabo mediante actos concretos que pongan en peligro la paz civil y el régimen democrático en dicho país.

El Comité del 31 de julio declara el Islam incompatible con el respeto a los derechos humanos y, en virtud de ello, lo condena con toda la energía y los medios que las leyes helvéticas ponen a su disposición.

Así pues, considerando que la dignidad humana, cualidad universal sobre la que se fundamentan los derechos humanos - los cuales, a su vez, constituyen la base de  los principios que hacen posible el florecimiento y la permanencia de la democracia (estado de derecho, protección de las minorías, libertades individuales, pluralismo político) - se encuentra gravemente amenazada por los dogmas del Islam, el  Comité del 31 de julio lucha para conseguir la ilegalización sobre suelo helvético de toda propagación de la religión islámica, hasta tanto no se produzca la derogación definitiva y creíble, por una institución ad hoc, de toda posible fuerza coercitiva conferida a los textos sagrados del Islam.

(La versión original en francés de este manifiesto la podéis encontrar en esta dirección:
http://www.precaution.ch/wp/